El salvadoreño Kilmar Abrego García, quien permaneció casi tres meses encarcelado en El Salvador tras ser enviado allí de forma autoritaria y posteriormente regresado a Estados Unidos, denunció que la Administración de Donald Trump intentó forzarlo a declararse culpable con la amenaza de deportarlo a Uganda.

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Según documentos judiciales presentados este sábado, los abogados de Abrego afirmaron que el Departamento de Justicia presionó a su cliente para aceptar cargos por tráfico de personas y un proceso de deportación, ofreciéndole a cambio ser enviado a Costa Rica, donde quedaría libre tras cumplir condena.

El Gobierno estadounidense incluso envió una carta a su defensa garantizando que no sería devuelto a El Salvador si aceptaba el acuerdo.

Sin embargo, tras su negativa, funcionarios del ICE advirtieron que su destino sería Uganda, país con el que la Administración Trump firmó recientemente un acuerdo para aceptar deportados de terceros países.

«Solo cabe una interpretación de estos hechos: el Departamento de Justicia, el DHS y el ICE están utilizando sus poderes colectivos para obligarlo a elegir entre una declaración de culpabilidad seguida de relativa seguridad, o su entrega a Uganda, donde su libertad estaría amenazada», señaló el abogado de Abrego, Sean Hecker.

Abrego fue liberado ayer de una cárcel en Tennessee y quedó la espera de un juicio por cargos federales de tráfico de personas y un proceso de deportación, tal como informaron sus abogados, quienes el pasado 19 de agosto pidieron desestimar el juicio en los EE.UU., y alegan que el proceso es una “persecución vengativa” por parte de la Administración del presidente Donald Trump.

En otra muestra de discriminación antimigrante, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó su liberación como una muestra de «desprecio» hacia la seguridad estadounidense y volvió a referirse a él como «un monstruo».

Abrego permaneció casi tres meses detenido en El Salvador tras haber sido deportado, a pesar de contar con una orden de protección emitida por un tribunal estadounidense ante el riesgo que enfrentaba en su país natal. Posteriormente, el Gobierno de Estados Unidos reconoció la deportación como un “error administrativo” y ordenó su retorno.

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